Después de un viaje rápido en AVE de Toledo a Barcelona, la noche de antes, llego al Paseo del Arco del Triunfo. Allí se encuentra el SINDIC (Sede del Defensor de los Ciudadanos de Cataluña). El SINDIC es una institución de defensa de derechos, como lo es la Defensora del Pueblo en España o Andalucía. Nos parecía importante tener al SINDIC en la investigación de los jóvenes sin hogar en España.
La responsable de infancia, María Jesús Larios, nos recibe en la Biblioteca, un espacio magnífico con vistas al casco antiguo de la ciudad. La Biblioteca es lo suficientemente amplia y espaciosa como para llevar a cabo reuniones de trabajo y donde recibir las denuncias o quejas de los ciudadanos, para así poder hacerlas llegar a los responsables de las administraciones encargados de poder darles respuestas.
Es por tanto, la Biblioteca del SINDIC, un espacio de escucha y respuesta a veces de intereses en conflicto, cuando esto ocurre se llevan a cabo informes o recomendaciones, como el de pobreza infantil o el de malnutrición infantil.
María Jesús Larios nos recibe con cariño y respeto por el trabajo que estamos realizando, en relación a los niños, niñas y jóvenes sin hogar; y trata, desde el principio, de estructurar su discurso que parte de una premisa general, para después ir desgranando los diferentes supuestos que se han ido encontrando a lo largo de los últimos años de crisis que ha afectado especialmente a las políticas sociales. Nos afirma que el Sistema de Protección de Menores, parte de la base de la obligación inmediata de la Administración Pública de satisfacer todas las necesidades de los niños y las niñas.
De manera muy didáctica, nos informa sobre el funcionamiento del sistema de protección. “Si al menor la familia no lo puede atender, sus necesidades se deberán atender en otros recursos, ya sean familias acogedoras o centros de protección. Se trata de menores que están, según la terminología, sin hogar”. La cifra de menores tutelados en España son 38.000 y en Cataluña 7.000, de los cuales la mayoría están con su familia extensa, es decir, sus abuelos o tíos. Además, un tercio de ellos estarían en centros de acogida o centros residenciales o terapéuticos, que dependen de la Administración Pública.
Nos diferenció en esta problemática, de la que se encuentran los menores que han cometido alguna infracción, que viven en centros reeducativos (centros de justicia juvenil), y el juez de menores les ha impuesto alguna medida bien cautelar o impuesta una condena en estos centros.
A esta altura de nuestra conversación, una de las preocupaciones de María Jesús se centra en los “menores-mayores”. Se trata de jóvenes sin hogar, porque hay dudas a veces de su condición, son los menores extranjeros no acompañados.
Estos menores extranjeros no acompañados, son procedentes de África subsahariana y otros países de esta parte de África. La Administración se escuda en una falta de fidelidad de sus documentos de identificación, para practicarles unas pruebas, que son de dudosa fiabilidad. En algunos casos, los menores que llegan aquí con la condición de menor, pasan unos días en un centro de acogida. Se les practica una prueba y si el resultado de la prueba es que son mayores de edad, son expulsados del sistema de protección, sin ninguna otra protección. Una vez son reconocidos como mayores, llegan con un pasaporte con minoría de edad a centros de adultos y no los admiten. La razón de no admitirlos es que son menores de edad legalmente y porque “nadie ha declarado su mayoría de edad”.
“Nadie ha declarado nulo ese pasaporte, con lo cual se encuentran en un limbo de mayores-menores”. Son jóvenes en situación de vulnerabilidad, pueden tener en general entre. 16, y 21 años, sin una atención específica. Con problemas evidentes, carencias de todo tipo, proyectos frustrados, sin la atención psicológica adecuada y viviendo en albergues para personas sin techo. Sin un seguimiento educativo, sin una atención específica para los mismos.
La denuncia me pareció contada con la credibilidad y la autoridad de quien ha vivido la historia, a través de las historias de los propios inmigrantes y profesionales de organizaciones privadas que trabajan con ellos, sin encontrar un resquicio legal a las leyes que permitiera, en caso de duda, considerarlo menor e ingresar en un centro bajo la tutela de la administración.
Avanzábamos en la entrevista, para hacer referencia a niños que viven en algunos centros de acogida para mujeres que han sido víctimas de maltrato. Estos centros acogen a las mujeres víctimas de maltrato, donde los niños viven con sus madres.
Otros casos son los de madres que ha cometido algún delito y los niños viven en prisión con ellas, esto plantea a veces problemas sobre idoneidad o no del entorno.
Después, en esta visión global, pasamos a viviendas inseguras. Estas viviendas la Administración Pública debería tenerlas cuantificadas porque saben que hay un problema de viviendas inseguras. Se han realizado propuestas a las Administraciones Públicas, para que cedan viviendas de los bancos, alquileres sociales, para que si hay una familia desahuciada con niños; que los Servicios Sociales pongan alguna vivienda, alguna residencia, para dar cobertura a esta situación.
En este sentido, reconoce la existencia de niños que viven en viviendas con otros familiares, compartiendo varias familias la misma vivienda en una situación masificada; o en viviendas ocupadas, o algunos asentamientos de Gitanos Roma.
Nos cuenta lo que ha ocurrido en un asentamiento en Lérida, donde habría unos 25 menores de edad viviendo en condiciones bastante deplorables. No se puede decir que la Administración Pública no está haciendo nada en estos asentamientos, ya que van a recoger a los niños, los llevan al colegio. No hay tanto problema en absentismo, pero están en condiciones de vida muy malas. Por ello, debería empezarse por mejorar las condiciones materiales y de salubridad. Después, ya veríamos, cómo son los planes de intervención de reubicación de los asentamientos.
Las familias que no tienen renta mínima de inserción, a las cuales se les ha intentado desahuciar, se han quedado sin vivienda. En algún caso, puede acabar con una tutela por parte de la Administración. Esta situación no debería pasar, que una situación de pobreza conlleve una tutela por parte de la Administración. Lo que se debería es garantizar medidas para que la familia pueda vivir y tener los medios adecuados para cuidar de sus hijos.
Se está estudiando si las tutelas han aumentado con la crisis, pero lo que han aumentado
son las tutelas con las medidas de protección con la familia extensa. Esto nos lleva a pensar que hay que estar muy atento para evitar que en determinadas medidas prime el ahorro presupuestario. No siempre es bueno que la medida, por ejemplo, sea que vaya con el abuelo, cuando el núcleo maltratador es el hijo, es decir, si hay que separar al niño del núcleo familiar, a veces lo mejor puede ser una familia acogedora ajena o un centro y no una familia extensa.
Compartimos la reflexión sobre la reducción de plantillas de los Servicios Sociales, a nivel local, que puede estar llevando a no poder prevenir situaciones de familia, que pueden encontrarse en situación complicada en cuanto a la protección de los chavales.
Nos informa que se han hecho informes al Parlamento sobre reducción de los presupuestos en Servicios Sociales, no sólo de atención directa, sino servicios a la comunidad; tipo ludotecas, centros abiertos, incluso las escuelas, los jardines de infancia, guarderías, escuelas de padres, es decir, todo tipo de centros que se han visto reducidos de una manera clara por la crisis.
A esta denuncia, formula diferentes propuestas o recomendaciones, que comparto con ella. La contención de presupuesto de las Administraciones Públicas en Servicios Sociales que ya estaban infradotados, requieren un incremento de presupuesto ante la adversidad para poder trabajar la detección.
No estamos previniendo suficientemente el maltrato, si no se trabaja adecuadamente la prevención y la detección estamos yendo solo a los casos graves; es decir, aquellos en los que pueda haber maltrato físico o maltrato grave. Pero qué pasa con la negligencia, que también es un caso de maltrato. En la negligencia debe haber una intervención protectora. Estos casos no los estamos detectando. Por poner un ejemplo: este fin de semana, en el barrio de San Martín, se ha descubierto un bebé que estaba en su domicilio, sus padres detenidos y parece que el niño ha muerto por deshidratación. En el domicilio se encontraron drogas, se encontraron signos de un tipo de familia desestructurada por problemas. Este es un ejemplo muy extremo, pero debemos detectar muchas actuaciones y es imprescindible mejorar la detección y la base son los Servicios Sociales, que no se han dotado de los recursos necesarios para cumplir esa función.
Hasta que no hay una situación de riesgo grave, no lo transfieren a los servicios especializados que son los servicios de atención a la infancia y a la adolescencia. Por eso los Servicios Sociales de base deben estar formados, deben tener recursos, para poder hacer esta función. Pero no se ha hecho esa mayor transferencia de recursos, de formación especializada para detectar situaciones y para poder actuar. Y sobre todo, dotaciónEs decir la reducción de recursos en los Servicios Sociales de atención a la infancia, hace que no se detecten situaciones de maltrato, de negligencia porque la mayoría de maltratos son negligencias.
Algunos casos graves no se detectan, pero el servicio de atención a la infancia, no está solo para los casos graves, está para detección a tiempo de estas acciones de precariedad y estas situaciones no se están detectando.
Me preguntaban el otro día, ¿si se está tutelando más por razón de pobreza? Yo no considero que por razones de pobreza deba tutelarse. Yo creo que se deberían cubrir las necesidades, a parte del elemento principal, el derecho del niño a su mayor interés, incluso es más eficiente para la Administración Pública, porque al final resulta más caro tutelar a un niño, que no darle a su familia medios para que pueda vivir con todas la condiciones.
Por el contrario, dada la crisis económica tan brutal que vivimos, a veces puede parecer extraño que no haya más tutelas, que habiendo esas condiciones de infravivienda o pobreza, y dado que a las familias no se les proporcionan medios para vivir en mejores condiciones, las tasas de pobreza, la malnutrición, etc, casi uno esperaría mayor número de intervenciones. ¿Pero cómo puedes intervenir ante lo no detectado?.
Con esta última reflexión cerramos la grabadora a sabiendas que muchos temas se han quedado en su cabeza para otro momento, como puede ser la conferencia internacional en septiembre. La invito a participar como ponente, en la confianza de mientras tanto que vaya consiguiendo más datos de las administraciones y un mayor interés de los responsables políticos para que den respuesta a los problemas planteados en nuestra entrevista.
Ángeles Diaz Vieco
Presidenta Fundación Simetrías Internacional
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