Expertos reclaman medidas urgentes para niños sin techo en España


Es imprescindible garantizar una Renta Mínima de Inserción y un alquiler social para familias en situación de extrema vulnerabilidad.

Los ajustes en los presupuestos han afectado a la estabilidad de programas prestados en España desde los Servicios Sociales de Atención Primaria Pública que dan cobertura a necesidades básicas como información, orientación y acompañamiento; programas de prevención o mediación intercultural; programas de acogida familiar o residencial; programas de inserción socio laboral; y prestaciones de Renta Mínima de Inserción (RMI) y ayudas a emergencias, señala un informe de la Fundación Simetrías.

“La pobreza ya existía, pero la crisis económica la ha agudizado en el caso de jóvenes en situación de extrema vulnerabilidad en grandes ciudades con falta de un alojamiento adecuado”, ha afirmado Ángeles Díaz Vieco, presidenta de la Fundación Simetrías, durante la presentación de un informe sobre la situación en España de los niños, niñas y jóvenes sin hogar en situación de extrema vulnerabilidad.

El informe se presento ayer en Madrid en el transcurso de la conferencia la Conferencia CRS* 2014, en la que han intervinieron expertos de administraciones públicas y privadas, universidades y plataformas de la sociedad civil, para abordar la problemática de los niños y jóvenes que duermen en la calle, no disponen de un hogar, habitan viviendas insalubres o inseguras, o son víctimas de explotación, abuso u otro tipo de violencia en las calles.

El estudio forma parte de un proyecto europeo coordinado por la Universidad de Wolverhampton (Reino Unido) y se engloba en el Programa Daphne de la Comisión de Justicia de la Unión Europea. En España, este informe –dirigido por la Fundación Simetrías- pone de relieve la necesidad de acordar una hoja de ruta con medidas que sean capaces de prevenir, facilitar la inserción sociolaboral y la acogida en viviendas de jóvenes sin hogar; resultando imprescindible garantizar una Renta Mínima de Inserción y un alquiler social o vivienda de protección destinadas a familias con hijos y jóvenes en situación de extrema vulnerabilidad.

Para ello -señalan los expertos- es necesario mejorar la comunicación entre las distintas administraciones públicas en materia de servicios sociales, infancia y vivienda, con entidades financieras con viviendas vacías y plataformas de la sociedad civil.

Consecuencias de la crisis en las políticas públicas

Los ajustes en los presupuestos han afectado –concluye este informe- a la estabilidad de programas prestados en España desde los Servicios Sociales de Atención Primaria Pública que dan cobertura a necesidades básicas como información, orientación y acompañamiento; programas de prevención o mediación intercultural; programas de acogida familiar o residencial; programas de inserción socio laboral; y prestaciones de Renta Mínima de Inserción (RMI) y ayudas a emergencias.

Aunque en los últimos años se ha producido un incremento de perceptores de RMI a las 217.000, esta cifra es aún insuficiente –denuncian los expertos- si se tienen en cuenta los 740.000 hogares sin ingresos que hay en España, según datos de la EPA.

Las propuestas de los expertos que han participado en la elaboración de este informe son:

1. Aprobar un plan estatal de atención a niños y jóvenes sin hogar, de acuerdo con la Estrategia Europea 2020, que incluya el acceso a servicios sociales, a una educación, al empleo, a servicios de salud y a una vivienda y servicios esenciales.

2. Garantizar una cobertura integral de las situaciones de pobreza abordando el trabajo en red de las administraciones locales, autonómicas, nacionales y entidades sin fines de lucro.

3. Dotar a los Servicios Sociales de Atención Primaria de programas específicos de inserción socio laboral estables y suficientes para dar cobertura a todos los perceptores de Rentas Mínimas de Inserción.

4. Garantizar una renta básica homogénea en el territorio español.

5. Conseguir un pacto social compartido por todos los actores sociales en materia de vivienda social.

6. Mejorar el sistema de protección de menores, potenciando los programas de acogida en familias, la supervisión de los menores tanto en centros como en familias de acogida, incrementando la financiación de las entidades sociales y familias acogedoras; así como dotando de personal los Juzgados y Fiscalía de Menores como los Departamentos de Menores de cada Comunidad Autónoma.

7. En el caso de los programas de acogida de jóvenes víctimas de trata, establecer protocolos de colaboración entre los agentes implicados y elaborar un plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación laboral.

8. En relación a las víctimas de violencia de género con hijos a su cargo en casas de acogida, promocionar proyectos autonómicos innovadores que garanticen el derecho a la asistencia social integral y la realización de campañas de prevención de la violencia de género dirigidas a adolescentes.

El escenario de los jóvenes españoles

Para elaborar este informe, los expertos de la Fundación Simetrías han entrevistado a profesionales de organizaciones sociales e instituciones del ámbito de la intervención con niños y niñas sin hogar, así como a los propios jóvenes.

En el mismo se explica la situación de jóvenes que al cumplir los 18 años deben abandonar los centros tutelados en los que han estado viviendo. Si no acceden a un programa de autonomía porque son insuficientes, ni tienen familiares o un lugar de referencia al que volver, pueden terminar durmiendo en la calle. Esto ocurre a menudo en el caso de aquellos cuyas familias tienen graves problemas de desestructuración o marginalidad o están fuera del país, y especialmente a los menores inmigrantes tutelados que cumplen su mayoría de edad con permiso de residencia pero no para poder trabajar, y si no acceden a los programas de autonomía pueden terminar en la calle.

Como consecuencia de la crisis económica, el elevado desempleo y la falta de ingresos se han incrementado las situaciones de infravivienda vertical o asentamientos y los desahucios se siguen produciendo. Ante esta situación los expertos alertan de un incremento de conflictos intrafamiliares que afectan negativamente a los hijos. Detallan así nuevas situaciones de convivencia en las que familias tienen que irse a vivir con los abuelos; mujeres solas con hijos sin hogar, jóvenes entre 18 a 21 años sin redes sociales, parejas o matrimonios que en circunstancias económicas más favorables se divorciarían; y víctimas de violencia de género que creen que no pueden abandonar a la pareja ni el domicilio familiar, lo que –según los expertos- repercute negativamente en la estabilidad de los más jóvenes.

Un aspecto relevante en materia de juventud son los jóvenes fugados del hogar, que en 2013 ascendieron a 13.000 fugas y de las que 460 jóvenes siguen sin ser localizados por la policía. A esta problemática de las fugas hay que añadir los casos de malos tratos infligidos por los hijos a los padres. Solo en 2013 se formalizaron más de 9.000 denuncias de padres a hijos por malos tratos, recuerdan en el informe. Actualmente, la inexistencia de programas específicos de prevención en Salud Infanto Juvenil se agrava por las largas listas de espera para llevar a cabo terapias adecuadas o la insuficiencia de dispositivos para trabajar la solución a estos problemas con los jóvenes y sus familias.

Sobre el proyecto CRS 2014

El proyecto CRS Children Rough Sleepers (niños que duermen en la calle, en su traducción al español) y denominado en España “Niños, niñas y jóvenes in hogar”, se engloba en el Programa Daphne impulsado por la Comisión de Justicia de la Unión Europea. Este proyecto plantea la realización de una investigación y la transferencia de conocimientos en cada uno de los diez países participantes para conocer la situación de jóvenes que están en riesgo de exclusión. Este proyecto está siendo coordinado desde el Central Institute for the Study of Public Protection, en la Universidad de Wolverhampton del Reino Unido, y los países participantes en esta investigación son: España, Reino Unido, República Checa, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y Eslovenia.

La Fundación Simetrías

La Fundación trabaja con instituciones públicas y privadas del sector social y cultural, impulsando proyectos innovadores en la economía creativa y la inclusión social de los jóvenes. Fundación Simetrías forma parte, junto con otras diez organizaciones sociales europeas, del proyecto “Children Rough Sleepers”. Para realizar la investigación en España ha entrevistado a 60 profesionales de organizaciones sociales e instituciones del ámbito de la intervención con niños, niñas y jóvenes sin hogar, así como entrevistas a los propios jóvenes.

*CRS son las siglas en inglés de Children Rough Sleepers (niños que duermen en la calle)

Fase comunicación 2014

Estimados amigos y amigas,

Simetrías está desarrollando en 2013/2014 un Proyecto europeo “Niños, niñas, jóvenes sin hogar en España”(CRS) del Programa Dapnhe de la Comisión de Justicia de la Unión Europea.

Ahora estamos interesados en entrar en contacto con responsables de plataformas de la sociedad civil, organizaciones sin ánimo de lucro, asociaciones educativas, culturales, interesadas en promover espacios para el encuentro y debate que impulse un Pacto de todos los actores sociales para garantizar una vivienda social digna a todas aquellas familias con hijos y jóvenes en situación de extrema vulnerabilidad sin hogar en España.

Os adjuntamos información de la fase de comunicación de CRS2014 en la que estamos trabajando para que nos digáis si estáis interesados en poder organizar en vuestra ciudad en colaboración con Simetrías alguna de estas actividades en los próximos meses.

Un saludo
Angeles Diaz Vieco,
Coordinadora del proyecto CRS2014
Presidenta Simetrías fundación internacional
www.simetrias.es
tlf 622408360


EL INFORME FOESSA 2013 MUESTRA UNA SOCIEDAD FRACTURADA A CAUSA DEL SEVERO AUMENTO DE LA DESIGUALDAD




Cáritas. 20 marzo de 2013.- El Informe 2013 de la Fundación FOESSA, que se ha se presentado esta mañana en Madrid bajo el título “Desigualdad y derechos sociales Análisis y perspectivas”, muestra de manera contundente la dimensión de los efectos sociales de la crisis en las personas más pobres.
Una sociedad fracturada
Si con motivo de la presentación, hace un año, del primer Informe anual de FOESSA, rel secretario general de Cáritas Española, Sebastián Mora, hablaba de “una pobreza más extensa, intensa y crónica”, los datos del Informe 2013 indican que ese proceso de empobrecimiento se ha profundizado en extensión e intensidad. Sin embargo, el hecho más destacado es, como ha alertado Mora, “el incremento severo de la desigualdad social que nos muestra una sociedad fracturada”.
“La fractura social –ha asegurado el secretario general de Cáritas durante la presentación del Informe-- se ha instalado entre nosotros y con el tiempo cada vez será más difícil que las personas empobrecidas puedan salir de la exclusión”. Es más, este “incremento de la desigualdad ha venido acompañado de una disminución de los recursos de protección social pública en su vertiente redistributiva y asistencial”.
 
Aumenta la brecha social 
La brecha que se ha abierto entre las personas empobrecidas y las personas con más posibilidades de acceso a bienes y servicios es alarmante. Según datos del Informe, que ha detallado el coordinador del Equipo de Estudios de Cáritas, Francisco Lorenzo, los ingresos medios de las personas más ricas de España es siete veces superior al nivel medio de ingresos de quienes tienen menos rentas. Y desde el comienzo de la crisis, esta diferencia se ha incrementado en un 30%.
Década perdida para el nivel de rentas
Al analizar el comportamiento de la renta per cápita, el Informe constata que las cifras actuales son muy similares a las que existían hace más de diez años, lo que invita a pensar en más de una década perdida. Es decir, la renta de 18.500 euros que en promedio recibieron los españoles en 2012 es inferior en términos de capacidad adquisitiva a la que ya existía en el año 2001. Asimismo, desde 2007 la renta media ha caído un 4%, mientras que los precios se han incrementado en un 10%, lo que ha provocado un deterioro de las rentas de los ciudadanos españoles sin parangón en las últimas décadas.
Para los autores del Informe, el rasgo más preocupante de la evolución de la renta en la crisis es el aumento sin precedentes de la desigualdad en su distribución, ya que desde 2006 los ingresos de la población con rentas más bajas han caído cerca de un 5% en términos reales cada año, mientras que el crecimiento correspondiente a los hogares más ricos ha sido el mayor de toda la población.
Efecto de la destrucción de empleo y los recortes
La destrucción de empleo y la moderación salarial han sido determinantes en la reducción del nivel de renta de los hogares españoles, a lo que cabe sumar el efecto negativo sobre la renta disponible que han tenido tanto algunos de los cambios en las prestaciones sociales (reducción de las cuantías de la prestación contributiva de desempleo) como las mayores exigencias para percibir el subsidio y el aumento de algunos impuestos (incremento de los tipos marginales del IRPF y de los tipos del IVA).
La evolución del empleo es uno de los factores que más están contribuyendo al deterioro de la situación social de un número cada vez mayor de hogares, si se tiene en cuenta que durante el año 2012 el mercado de trabajo registró los que probablemente pueden caracterizarse como peores resultados de la etapa democrática. 
Niveles de desigualdad más altos de la UE
Todo ello explica que los indicadores de desigualdad en España arroje los niveles más altos de la Unión Europea. Y de cara al futuro, alerta Francisco Lorenzo, “existe un riesgo notable de que el ensanchamiento de las diferencias de renta entre los hogares españoles se enquiste en la estructura social”. En su opinión, “procesos de dualización social como este conllevan riesgo real de ruptura, lo que significa que el no dotarnos de los mecanismos redistributivos necesarios supone empujarnos a la fragmentación social”.
El porcentaje de hogares en los que todos los activos están sin trabajo ha aumentado del 2,5% del total al 10,6% del total de hogares En términos absolutos, el Informe indica que se ha pasado de 380.000 hogares en esta situación antes de la crisis a más de 1.800.000 a finales de 2012.
Para Lorenzo, “en un contexto como el actual, asistimos a la transformación del empleo no solo en términos cuantitativos, sino en cuanto a su naturaleza y al lugar que ocupa en el imaginario colectivo de nuestra sociedad: si bien hace 5 años estábamos a la cabeza de Europa en la generación de empleo, trabajar hoy no es ya un derecho, sino que parece haberse convertido en un privilegio”.
Invisibilización de los más pobres
Los datos del Informe FOESSA indican a que asistimos a un proceso de empobrecimiento que eclipsa a los más pobres. Como ha denunciado Sebastián Mora, “se está dando una especie de invisibilización de la pobreza y de la exclusión severa por saturación y extensión de la pobreza. La pobreza severa se ha incrementado de manera importante y esto nos habla de personas más allá de las fronteras de la dignidad. Estamos borrando las fronteras de la dignidad humana en este contexto social que vivimos.
Para el secretario general de Cáritas “la erosión de las políticas sociales han mostrado su impacto especialmente en los colectivos más vulnerables y es también evidente cómo nos hemos olvidado de los pueblos del Sur, hemos excluidos continentes y países de nuestro pensamiento, de nuestra solidaridad, de nuestro compromiso”. De hecho, la evaluación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y las políticas de cooperación (ADO) que se analizan en el Informe muestran un horizonte desalentador.
El escándalo de la pobreza
A modo de conclusión, el Informe FOESSA 2013 dibujan una realidad social en España donde los mecanismos de aseguramiento de la sociedad se han debilitado y las políticas de austeridad han generado una mayor vulnerabilidad de la sociedad española.
Al mismo tiempo, los recortes en los servicios públicos de bienestar pueden suponer una ruptura definitiva para los más pobres. Es decir, si la austeridad vulnera los derechos sociales, estamos abandonando a los más pobres.
Como ha advertido Francisco Lorenzo, “nuestra apuesta por los derechos sociales dará cuenta de los valores que realmente tenemos como sociedad, pues solamente seremos democracia si garantizamos los derechos sociales de los más vulnerables”.
“Si es verdad que siempre la pobreza y la exclusión hieren el corazón –ha añadido Sebastián Mora--, la desigualdad es un escándalo ético y político. Como me decía hace un tiempo una campesina salvadoreña `la pobreza nos asusta pero la desigualdad nos indigna´”.

LA FUNDACIÓN FOESSA
La Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) se constituyó en 1965 con el impulso de Cáritas Española ante la necesidad de conocer la situación social de España de forma objetiva y persistente como alternativa y complemento a las iniciadas políticas de desarrollo creadas en nuestro país en esos momentos.
Desde su origen, los Informes sobre la situación y el cambio social de España (1967, 1970, 1975, 1980-83, 1994 y 2008) han señalado la importancia de conocer la situación social de España a través del análisis de los procesos en que se manifiesta la evolución social, así como las estructuras y tendencias que se corresponden con esos procesos.
Junto al equipo técnico de la Fundación, y a los miembros de su Patronato, la Fundación FOESSA --que preside Rafael del Río Sendino, presidente de Cáritas Española-- está compuesta por un Comité Técnico y un Consejo Científico del que forman parte investigadores de diferentes Universidades españolas, con el cometido de orientar las líneas de trabajo y las actividades de los Informes FOESSA.
Además, la Fundación cuenta con la participación de investigadores especializados que conforman una red integrada por más de 60 expertos en pobreza, desigualdad, privación, exclusión social, políticas sociales, cohesión social, cooperación internacional, sociedad civil, derechos sociales, desarrollo sostenible o política internacional

Informe  2013  FOESSA  Fractura  Social  Pobreza

 

El negocio con los menores en las pateras

Patricia Godino /2014 - 05:04

Doris llegó a las costas españolas en una patera tras haber pasado cuatro años en Marruecos. Allí dio a luz a sus dos gemelos, Emmanuel y Lucky. Cuando dejó Nigeria no pensaba que en en el norte de África su única forma de subsistencia sería la mendicidad. Un día un hombre le propuso pagar su viaje y el de sus bebés a España a cambio de que uno de los pequeños viajara en brazos de Joy, otra mujer que iba a viajar en la misma patera. Doris accedió y al llegar a España las dos mujeres, cada una con un bebé, fueron separadas y enviadas a centros de acogida diferentes.

Días después, Doris recibió la llamada de una mujer, que decía ser la hermana de Joy, que le dijo que tenía que ir a recoger a Lucky a una ciudad del sur de España. Poco después recibió otra llamada de la misma mujer que le decía que su hijo estaba ahora en otra ciudad muy alejada de la anterior. Doris tuvo miedo, pensó que nunca volvería a ver a su bebé y decidió contar la verdad a la asociación que se hizo cargo de ella a su llegada a la península, quienes la acompañaron a presentar una denuncia en la Comisaría de Policía.

Ésta es una de las historias reales que recoge el informe del Defensor del Pueblo estatal La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles, un documento que vino a estudiar y denunciar una práctica que afecta, especialmente, a la inmigración irregular que llega a las costas andaluzas y en el que los menores son los eslabones más frágiles de esta cadena.

Aunque este documento tiene fecha de 2012, las denuncias de las ONG que trabajan día a día con muchos de los subsaharianos que entran por la frontera sur, caso por ejemplo de Cruz Roja se remontan a 2008. Por fortuna, los trabajadores de estos centros, que cuentan con plazas concertadas con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para la acogida humanitaria de personas en situación irregular, entre ellas madres y menores a su cargo o los llamados MENA (Menores Extranjeros No Acompañados), han sido los testigos de la evolución de la inmigración en España (de la afluencia magrebí a la migración subsahariana) y los primeros que han indentificado a las víctimas de las mafias de trata que operan en España.

Desde finales de 2007, con la llegada de las primeras pateras con mujeres y menores -antes, fundamentalmente sólo migraban varones- "Cruz Roja alertó que esos niños que entraban en el país no estaban siendo reseñados, entendiendo por esto el registro de una huella, una fotografía, la asignación de un NIE (un número de identificación de extranjeros) o la filiación con el adulto que lo trae", explica Rosa Flores, coordinadora de Cruz Roja y referente nacional en la trata de menores. "Vimos situaciones muy preocupantes: madres que venían a los centros reclamando niños que supuestamente habían cruzado en pateras con otras mujeres o mujeres que no reconocían quién era su hijo cuando había grupos grandes en los centros... Y todo ello con el agravante de que estos niños no existían para España porque no se le estaba registrando a su llegada y por tanto su suerte era desconocida".

Esta invisibilidad ha sido así hasta el año 2013. Cinco años de llamadas y reuniones por parte de varias ONG con el Defensor del Pueblo y la Fiscalía dieron como resultado que la existencia de estos niños quedara reflejada en el informe Víctimas Invisibles que, en buena medida, ha servido de guía para corregir este agujero del sistema social y prevenir gravísimas amenazas para los menores como la de ser objeto de malos tratos, explotación sexual, pornografía infantil o adopciones ilegales, entre otros peligros.

Por pura naturaleza geográfica, Andalucía, junto con Ceuta y Melilla, es hoy un punto caliente de entrada de inmigración, de ahí que haya sido uno de las comunidades que más ha trabajado por coordinar el diálogo entre administraciones para dar una respuesta clara y de alguna forma para establecer unas buenas prácticas sobre la que puedan trabajar otras comunidades, explican desde la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz que dirige Jesús Maeztu, encargado también de la Defensoría del Menor.

En junio de 2013, se realizó la primera reunión en Madrid, con la Oficina de Soledad Becerril, en la que intervinieron también los técnicos de Ceuta y Melilla a la que siguieron equipos de trabajo con la Fiscalía, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Junta de Andalucía, las Corporaciones locales y las ONG. Estos esfuerzos derivaron en marzo de este año, según el Defensor andaluz, "en un perfil de protocolo muy definido de lo que debía trabajar cada uno y el margen de maniobra" y aunque todavía está pendiente de aprobación por parte de los máximos responsables de estas administraciones "la voluntad de aunar esfuerzos está" y, de hecho, desde que se inició este trabajo coordinado los niños que entran por una frontera no habilitada "están perfectamente reseñados y no son invisibles", celebran desde el departamento de Maeztu. Esto incluye el registro dactilar, la activación del NIE y la vinculación paterno-materno filial a través de las pruebas de ADN (por extracción de saliva), de manera que "no se dé por bueno sin más que alguien que diga ser el padre/madre de un niño que llegan en patera se lo lleve", apunta Flores. Por contra, si la prueba de ADN es positiva aunque la inmigrante y su hijo no estén regularizados sí que podrán contar con un certificado de maternidad, "que sirva de garante de los derechos de la madre y su hijo a efectos de colegios o servicios sanitarios", aclara la trabajadora de Cruz Roja, que ejerce su labor a diario en Puente Genil.

Tan avanzado está este protocolo marco en Andalucía que "ya se ha declarado la situación de riesgo en algunos menores y a otros se les ha aplicado la situación de desamparo, tras la cual la madre ha confesado que es víctima de trata", explican desde la Defensoría del Pueblo en Andalucía sobre casos que ya está en conocimiento de la Fiscalía, la Policía y el servicio de Protección de Menores.

Ése es el gran reto y donde, según Flores, "queda mucho trabajo por hacer", porque "el protocolo no busca sólo combatir el tráfico de menores sino el de sus madres, que son víctimas de explotación sexual", porque "aunque las pruebas de ADN fueran positivas, cuando la red reclama el pago de la deuda, esas mujeres van a tener que ejercer la prostitución. Si las madres están en las calles, ¿dónde están esos niños? Están con las redes, a cargo de una madame ", eso, cuenta Flores, es lo que nos llega de la Policía y de otras mujeres víctimas que han estado o están en el mercado de la prostitución.

E insiste en la vinculación contra su voluntad de estas mujeres con las mafias. "No es cuestión de criminalizar a estas madres, de decir si son buenas o malas con sus hijos. El problema es que están siendo chantajeadas y que ellas no son las que deciden, nunca lo han hecho, ni en su país de origen, ni en el tránsito de la migración ni ahora: es la red la que le dice ahora cruza, ahora quédate embarazada, ahora aborta en la frontera de Marruecos y ahora te volvemos a dejar embarazada", insiste sobre los relatos de agresiones sexuales que lleva escuchado de estas inmigrantes todos estos años.

Las respuestas ante un drama nuevo -complejo y cambiante como son las redes de tratantes- no son automáticas y mucho menos son rápidas cuando se trabaja con los tiempos y los corsés de la Administración. Y aunque en el informe Víctimas invisibles se indica que "se ha podido constatar un creciente compromiso de las autoridades públicas", el testimonio de una víctima incluido en este documento da la medida de lo alejada que está todavía la respuesta pública ante el drama: "Cuando denuncié era viernes y no tenían dónde meterme". Flores lo resume: "Debemos articular mecanismos flexibles y ese es un reto. La Administración está acostumbrada a trabajar con un marco muy garantista para los menores pero no da respuesta ágil a este tipo de situaciones".

Para ello, según la Oficina del Defensor, se quiere trabajar especialmente la respuesta que deben dar los técnicos de asuntos sociales de las corporaciones locales de las ciudades en las que Cruz Roja -gran motor de esta movilización contra la trata- tiene centros de ayuda humanitaria: Utrera, Sevilla, Algeciras, Puente Genil y Motril.

Para atajar esta falta de respuesta y analizar los casos, el jueves 26 se celebra en Sevilla (Centro Cultural Cajasol) la jornada de Concienciación y sensibilización sobre la trata de menores, una actividad organizada por el Área de Menores y Educación del Defensor del Pueblo andaluz que contará con la participación de la citada coordinadora de Cruz Roja, Rosa Flores, para hablar junto a responsables de Unicef y Andalucía Save the Children del papel de las ONG en la protección de los menores. La estrategia europea sobre los derechos de la infancia, el tránsito migratorio de mujeres y menores en situación de trata o el papel de las administraciones son algunos de los temas que se abordarán con varios expertos que tienen un mismo objetivo que aquí resume Rosa Flores: "Como sociedad de un estado de derecho que somos debemos ser garantes de que esos niños van a estar en un entorno seguro". Ése es el reto. 

 Fuente original:

Niños, niñas, jóvenes sin hogar en Andalucía




Desde Simetrías hemos querido realizar una serie de artículos que facilitaran la comunicación en prensa de las diferentes entrevistas que hemos realizado tratando de elegirlas en base a los temas que nos han parecido más de fondo para ser trasladados a la opinión pública.



Los sin techo en Cataluña ha sido nuestro primer artículo visto desde la mirada del SINDIC de Cataluña. Ahora queremos viajar a Andalucía y saber cómo viven y cuál es la problemática de los jóvenes sin techo, hemos elegido ACCEM porque trabaja todo tipo de problemáticas con personas sin hogar y sobre todo porque ha puesto el foco en los asentamientos de inmigrantes en los invernaderos andaluces.

A mi llegada a la sede de ACCEM en el Barrio de la Macarena, en pleno casco antiguo de Sevilla comprobamos que es un barrio con alto índice de inmigración latina y marroquí mezclados entre sevillanos y turistas, gente con un nivel económico medio, o medio bajo, dependiendo de cómo le habrá impactado la crisis en su trabajo.

La mirada a esta problemática la conseguimos de la mano de Fernando, adjunto responsable de ACCEM Andalucía, Murcia, Ceuta, Melilla encargado de la gestión de personal y programas sabe perfectamente desde que óptica queremos reflejar la realidad que está ocurriendo en España para que fruto de este análisis fuéramos capaces de orientar las políticas públicas necesarias que hagan posible su solución.

Trata de reconducir nuestra entrevista para que detengamos nuestra mirada en la prostitución y trata masculina y femenina en algunas de las ciudades donde desarrollan estos programas es el caso de Málaga donde trabajan con jóvenes que han salido en su mayoría de centros de menores o han llegado a partir de los 18 a España. Son los mediadores quienes profesionalmente trabajan con estos jóvenes con el fin de que adquieran confianza y puedan, ir transmitiendo información básica, de salud, de medios de protección médica y luego, abrirles diferentes caminos, que puedan ver otras posibilidades otras formas de trabajo, encaminando su vida de otra manera.

Las dificultades de estos jóvenes tienen que ver con la situación legal, la situación económica y el día a día de como realmente sobreviven y de cómo son capaces de conseguir el dinero necesario para poder tener una forma de mantenerse. Además, esto va añadido, en muchos de los casos, a temas de adiciones, los mediadores intentan trabajar y dirigir a centros especializados para tratar esta problemática. Trabajan desde orientarlos a recursos de formación, inserción laboral, asesoramiento legal para adquirir su documentación que les facilite la inserción laboral, A partir de este trabajo, pueden acceder estos jóvenes a plazas de acogida para apoyar este trabajo durante 3 a 6 meses y valorable

Andalucía dicen que es la puesta de entrada de la inmigración hacia Europa, nos parecía
interesante hacer este recorrido con ACCEM porque disponen de programas para dar respuesta a cada una de las necesidades con las que se encuentran los niños o jóvenes inmigrantes que llegan a España desde Ceuta, Melilla, o por Algeciras.

Los menores que llegan a Andalucía, fundamentalmente son chavales de Marruecos y también de países subsaharianos: mauritanos, muchos senegaleses… 

Llegan chicos que han cruzado el estrecho solos. Estos chicos están desprotegidos, tienen claro en su cabeza su proceso migratorio no saben a partir de ahora cómo hacerlo; es muy difícil hasta que ellos lo interiorizan su proceso migratorio, por eso es importante conocer qué se hace desde las organizaciones privadas y administración autonómica cuando llegan a los centros de menores.

Para Fernando lo más importante de los técnicos de organizaciones que trabajan con estos jóvenes es el proceso de acompañamiento, desde el primer momento cuando ellos ponen los pies en la tierra y se dan cuenta de cuál es la realidad, las dificultades a nivel laboral, las dificultades a nivel de documentación, etc., etc., esa percepción la van captando según están aquí viéndolo y se les va transmitiendo. ”Pero hasta que ellos se recolocan aquí, pasa un tiempo"

Nos habla de cómo llegan al centro primera acogida y se deriva al joven una vez se abre expediente de protección por la Junta de Andalucía para que resida en un centro de menores. Probablemente hasta su mayoría de edad en estos centros comparten espacio subsaharianos, Marruecos, y españoles. 

 Con la Junta de Andalucía tienen una buena coordinación porque son los que tienen la tutela de los niños y la información de los chicos es constante codo con codo y cualquier problemática, tienen un acceso directo rápido a los responsables.

Trabajan en principio para que los jóvenes se queden en España o en la ciudad si el chico quiere; el problema le surge cuando a los 18 años con la mayoría legal la Junta de Andalucía deja de responsabilizarse de su tutela y el menor si no tiene trabajo, familia, amigos de referencia se encuentra en la calle. Quizás durante unos meses pueda pasar a una vivienda tutelada para tratar de arreglar su documentación y buscar trabajo pero con las circunstancias actuales de desempleo la situación es tan difícil que muchos de ellos se terminan en la calle porque en muchos casos no hay plazas para todos en estas viviendas o pisos tutelados.

En estos pisos de 5 o 6 plazas, algunos son mayores de 10 o 12 plazas es donde los inmigrantes no documentados residen junto con solicitantes de asilo o refugiados. Pero la forma de trabajar es parecida trabajan para introducirles en la sociedad.

Fernando es optimista cuando nos afirma que hay muchísima gente sale con su medio de vida hecha. Con todas las dificultades que tenemos a nivel legal, con todas la dificultades que tenemos a nivel trabajo (que ahora llevamos unos años que está siendo algo mas difícil, bastante más difícil, por la situación de crisis que vivimos) pero aun así, como que, el voto de confianza es la gente. Realmente vienen a trabajar, a vivir como cualquier otra persona de aquí, del país. Esa es la realidad

A esta altura de nuestra conversación sobre el recorrido que hacen muchos jóvenes por las instituciones de protección en Andalucía nos interesaba poner la mirada en una realidad a la que llegan, jóvenes que deciden escaparse de esos centros de menores, porque lo que realmente quieren es trabajar, para poder enviar dinero a su familia.

Muchos de estos jóvenes intentan trabajar en los invernaderos del Ejido o Huelva entre otros muchos, donde se ubican asentamientos de 80 a 150 personas subsaharianos que responden al efecto llamada, quieren trabajar pero no tienen ni permiso de trabajo, ni documentación etc., se juntan viviendo en los mismos pinares que hay alrededor de las tierras entre plásticos y cartones construyen sus alojamientos para dormir o protegerse del frio o la lluvia. Nos confirma “que hay en Andalucía diferentes asentamientos de personas viviendo en chabolas, en una realidad dura. En general serán más, no te lo puedo decir ahora mismo, pueden ser a lo mejor en algunos momentos 400 o 500 personas”

En estos asentamientos se organizan entre ellos, se apoyan, viven en economía sumergida, gente que pueda tener documentación pero que no tiene todavía trabajo, cuando le contratan van ahorrando para salir de ahí, pero esos son los menos.

Se trabaja con los inmigrantes que viven en los asentamientos con voluntarios y profesionales de la organización lo que son necesidades básicas. Nos describe Fernando las condiciones donde trabajan y nos llama la atención como nos confirma que no entran en los asentamientos sino que prestan el servicio desde los entornos en una gran nave con una oficina, están las duchas, ropa, café para desayuno, una merienda, un sitio donde estar y poder ver la tele, las noticias, un sitio donde dar clases de español, un sitio donde dar clases de informática. Necesidades muy básicas, pero fundamentalmente un sitio donde puedan pasar el día y llegar hablar, descansar, tomar unas galletas, ducharse.

La nave se abre por la mañana y tarde, salen y entran, pero les da la posibilidad de estar calientes en invierno un rato, después de desayunar, se hace el reparto de alimentos, de ropa. Cubren este servicio porque alguien lo debe hacer pero reconoce que “Son condiciones muy duras viven entre plásticos con el peligro que eso conlleva”.

A pesar de entender que estos asentamientos son de temporeros y de transito se nos reconoce que hay gente que pasa un tiempo a “lo mejor pasan años o un año o un año y pico, o dos años” la gente se suele mover, pero hay gente que esta mas anquilosada por circunstancias concretas.

Hay momentos en los que hay menos gente en los campamentos, porque son gente que ruedan. Pero esa situación existe y cuando es la campaña de la fresa, sube mucho.

Cuando le interrogamos por las condiciones infrahumanas de estos campamentos para saber si han intentado dar solución con un alojamiento más digno, con tono sereno nos advierte queriendo compartir la búsqueda de soluciones, que “el problema no es fácil. Si pudiera decir no, diría que estos asentamientos no son permisibles, pero por otro lado, ¿qué haces con estas personas, como no les atiendes. Es una dicotomía complicada. Teóricamente es fácil decir que no existan, pero qué haces con esas personas, es complicado”.

Además de estos servicios, dan orientación sobre su documentación, programas de ayuda económica, de retorno, programas que llevan a nivel nacional están ahí para ofrecer y poder canalizar a la gente que pueda utilizarlos.

Nos asegura que estos jóvenes tienen apoyo por unos días en una casa de acogida de 12 plazas para gente de estos campamentos, son tiempos que tienen las personas para recuperarse, mejorarse, durante tres a seis meses, pero se pueden llegar a quedar algo más si se valora. Cuando salen de esta casa no suelen quedarse en los campamentos en la mayoría de los casos; hay veces que si, otras veces, ya van con algún familiar, algún contacto que tienen. Porque también se facilita el contacto con gente de sus nacionalidades, que tienen la historia más fácil, comprobando que se les pueden ayudar, si hay algún sitio donde lo puedan alojarse.

La mayoría es gente que llega a un asentamiento sabe que es un itinerario de trabajo de temporero de camino hacia Europa, lo tienen muy claro desde que llegan, no se paran en estos campamentos; van subiendo para arriba realmente; por otro lado, hay gente que está aquí y conoce el circuito de temporeros ahora la naranja, la pera, la fresa, etc.

En otros casos están contratados en origen disponiendo de casas que ponen los mismos empresarios de Huelva, hay empresarios que solamente tienen sus trabajadores, tienen sus casas, tienen sus recursos, sus cocinas preparadas para gente que está trabajando para ellos.

Pero hay gente en el asentamiento que no está contratada en origen, en estos casos un convenio con los empresarios, hace posible que ellos, aunque no tienen ninguna obligación de contratar a la gente que les mandan desde ACCEM, como conocen el trabajo de la organización en 2013 se contrataran de 30 o 35 personas.

Desde una primera acogida, se da información para el retorno, ayudas económicas, alimentación, facilitar que localicen a algún familiar, trabajo a nivel de formación, de intermediación, sensibilización con los empresarios, con los ayuntamientos, con todos los agentes, tanto con policía (que se está trabajando mucho con policía y con la guardia civil que trabajan en estos ámbitos de los pueblos) “Estamos totalmente en conexión, son gente muy sensibilizada que trabaja muy codo con codo con nosotros cuando vemos una situación, comunicar y decir: “ oye nos ha llegado estas personas con esta problemática, qué podríamos hacer, cómo podemos mediar, cómo lo podemos solucionar. Eso es un trabajo de mucho tiempo y de mucho bagaje.”

Nos da un consejo al final si se quiere resolver el problema de los subsaharianos, que se solucione el problema de su documentación porque según él, la gente sale para adelante, “es verdad que ahora estamos en una situación complicada, tanto para los autóctonos como los inmigrantes, estos tienen diferentes costumbres culturales, lógicamente tienen de alguna manera que organizarse para poder vivir en la comunidad que les acoge, con unas costumbres diferentes. Pero lo consiguen, la gente aprende, como cuando nosotros aprendemos cuando vamos a otros países. Yo no creo que eso sea un muro para nada” en el fondo de sus reflexiones hay optimismo y confianza en las personas por las que trabaja.

          Ángeles Diaz Vieco
Presidenta Fundación Simetrías Internacional




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