El negocio con los menores en las pateras

Patricia Godino /2014 - 05:04

Doris llegó a las costas españolas en una patera tras haber pasado cuatro años en Marruecos. Allí dio a luz a sus dos gemelos, Emmanuel y Lucky. Cuando dejó Nigeria no pensaba que en en el norte de África su única forma de subsistencia sería la mendicidad. Un día un hombre le propuso pagar su viaje y el de sus bebés a España a cambio de que uno de los pequeños viajara en brazos de Joy, otra mujer que iba a viajar en la misma patera. Doris accedió y al llegar a España las dos mujeres, cada una con un bebé, fueron separadas y enviadas a centros de acogida diferentes.

Días después, Doris recibió la llamada de una mujer, que decía ser la hermana de Joy, que le dijo que tenía que ir a recoger a Lucky a una ciudad del sur de España. Poco después recibió otra llamada de la misma mujer que le decía que su hijo estaba ahora en otra ciudad muy alejada de la anterior. Doris tuvo miedo, pensó que nunca volvería a ver a su bebé y decidió contar la verdad a la asociación que se hizo cargo de ella a su llegada a la península, quienes la acompañaron a presentar una denuncia en la Comisaría de Policía.

Ésta es una de las historias reales que recoge el informe del Defensor del Pueblo estatal La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles, un documento que vino a estudiar y denunciar una práctica que afecta, especialmente, a la inmigración irregular que llega a las costas andaluzas y en el que los menores son los eslabones más frágiles de esta cadena.

Aunque este documento tiene fecha de 2012, las denuncias de las ONG que trabajan día a día con muchos de los subsaharianos que entran por la frontera sur, caso por ejemplo de Cruz Roja se remontan a 2008. Por fortuna, los trabajadores de estos centros, que cuentan con plazas concertadas con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para la acogida humanitaria de personas en situación irregular, entre ellas madres y menores a su cargo o los llamados MENA (Menores Extranjeros No Acompañados), han sido los testigos de la evolución de la inmigración en España (de la afluencia magrebí a la migración subsahariana) y los primeros que han indentificado a las víctimas de las mafias de trata que operan en España.

Desde finales de 2007, con la llegada de las primeras pateras con mujeres y menores -antes, fundamentalmente sólo migraban varones- "Cruz Roja alertó que esos niños que entraban en el país no estaban siendo reseñados, entendiendo por esto el registro de una huella, una fotografía, la asignación de un NIE (un número de identificación de extranjeros) o la filiación con el adulto que lo trae", explica Rosa Flores, coordinadora de Cruz Roja y referente nacional en la trata de menores. "Vimos situaciones muy preocupantes: madres que venían a los centros reclamando niños que supuestamente habían cruzado en pateras con otras mujeres o mujeres que no reconocían quién era su hijo cuando había grupos grandes en los centros... Y todo ello con el agravante de que estos niños no existían para España porque no se le estaba registrando a su llegada y por tanto su suerte era desconocida".

Esta invisibilidad ha sido así hasta el año 2013. Cinco años de llamadas y reuniones por parte de varias ONG con el Defensor del Pueblo y la Fiscalía dieron como resultado que la existencia de estos niños quedara reflejada en el informe Víctimas Invisibles que, en buena medida, ha servido de guía para corregir este agujero del sistema social y prevenir gravísimas amenazas para los menores como la de ser objeto de malos tratos, explotación sexual, pornografía infantil o adopciones ilegales, entre otros peligros.

Por pura naturaleza geográfica, Andalucía, junto con Ceuta y Melilla, es hoy un punto caliente de entrada de inmigración, de ahí que haya sido uno de las comunidades que más ha trabajado por coordinar el diálogo entre administraciones para dar una respuesta clara y de alguna forma para establecer unas buenas prácticas sobre la que puedan trabajar otras comunidades, explican desde la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz que dirige Jesús Maeztu, encargado también de la Defensoría del Menor.

En junio de 2013, se realizó la primera reunión en Madrid, con la Oficina de Soledad Becerril, en la que intervinieron también los técnicos de Ceuta y Melilla a la que siguieron equipos de trabajo con la Fiscalía, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Junta de Andalucía, las Corporaciones locales y las ONG. Estos esfuerzos derivaron en marzo de este año, según el Defensor andaluz, "en un perfil de protocolo muy definido de lo que debía trabajar cada uno y el margen de maniobra" y aunque todavía está pendiente de aprobación por parte de los máximos responsables de estas administraciones "la voluntad de aunar esfuerzos está" y, de hecho, desde que se inició este trabajo coordinado los niños que entran por una frontera no habilitada "están perfectamente reseñados y no son invisibles", celebran desde el departamento de Maeztu. Esto incluye el registro dactilar, la activación del NIE y la vinculación paterno-materno filial a través de las pruebas de ADN (por extracción de saliva), de manera que "no se dé por bueno sin más que alguien que diga ser el padre/madre de un niño que llegan en patera se lo lleve", apunta Flores. Por contra, si la prueba de ADN es positiva aunque la inmigrante y su hijo no estén regularizados sí que podrán contar con un certificado de maternidad, "que sirva de garante de los derechos de la madre y su hijo a efectos de colegios o servicios sanitarios", aclara la trabajadora de Cruz Roja, que ejerce su labor a diario en Puente Genil.

Tan avanzado está este protocolo marco en Andalucía que "ya se ha declarado la situación de riesgo en algunos menores y a otros se les ha aplicado la situación de desamparo, tras la cual la madre ha confesado que es víctima de trata", explican desde la Defensoría del Pueblo en Andalucía sobre casos que ya está en conocimiento de la Fiscalía, la Policía y el servicio de Protección de Menores.

Ése es el gran reto y donde, según Flores, "queda mucho trabajo por hacer", porque "el protocolo no busca sólo combatir el tráfico de menores sino el de sus madres, que son víctimas de explotación sexual", porque "aunque las pruebas de ADN fueran positivas, cuando la red reclama el pago de la deuda, esas mujeres van a tener que ejercer la prostitución. Si las madres están en las calles, ¿dónde están esos niños? Están con las redes, a cargo de una madame ", eso, cuenta Flores, es lo que nos llega de la Policía y de otras mujeres víctimas que han estado o están en el mercado de la prostitución.

E insiste en la vinculación contra su voluntad de estas mujeres con las mafias. "No es cuestión de criminalizar a estas madres, de decir si son buenas o malas con sus hijos. El problema es que están siendo chantajeadas y que ellas no son las que deciden, nunca lo han hecho, ni en su país de origen, ni en el tránsito de la migración ni ahora: es la red la que le dice ahora cruza, ahora quédate embarazada, ahora aborta en la frontera de Marruecos y ahora te volvemos a dejar embarazada", insiste sobre los relatos de agresiones sexuales que lleva escuchado de estas inmigrantes todos estos años.

Las respuestas ante un drama nuevo -complejo y cambiante como son las redes de tratantes- no son automáticas y mucho menos son rápidas cuando se trabaja con los tiempos y los corsés de la Administración. Y aunque en el informe Víctimas invisibles se indica que "se ha podido constatar un creciente compromiso de las autoridades públicas", el testimonio de una víctima incluido en este documento da la medida de lo alejada que está todavía la respuesta pública ante el drama: "Cuando denuncié era viernes y no tenían dónde meterme". Flores lo resume: "Debemos articular mecanismos flexibles y ese es un reto. La Administración está acostumbrada a trabajar con un marco muy garantista para los menores pero no da respuesta ágil a este tipo de situaciones".

Para ello, según la Oficina del Defensor, se quiere trabajar especialmente la respuesta que deben dar los técnicos de asuntos sociales de las corporaciones locales de las ciudades en las que Cruz Roja -gran motor de esta movilización contra la trata- tiene centros de ayuda humanitaria: Utrera, Sevilla, Algeciras, Puente Genil y Motril.

Para atajar esta falta de respuesta y analizar los casos, el jueves 26 se celebra en Sevilla (Centro Cultural Cajasol) la jornada de Concienciación y sensibilización sobre la trata de menores, una actividad organizada por el Área de Menores y Educación del Defensor del Pueblo andaluz que contará con la participación de la citada coordinadora de Cruz Roja, Rosa Flores, para hablar junto a responsables de Unicef y Andalucía Save the Children del papel de las ONG en la protección de los menores. La estrategia europea sobre los derechos de la infancia, el tránsito migratorio de mujeres y menores en situación de trata o el papel de las administraciones son algunos de los temas que se abordarán con varios expertos que tienen un mismo objetivo que aquí resume Rosa Flores: "Como sociedad de un estado de derecho que somos debemos ser garantes de que esos niños van a estar en un entorno seguro". Ése es el reto. 

 Fuente original:

Niños, niñas, jóvenes sin hogar en Andalucía




Desde Simetrías hemos querido realizar una serie de artículos que facilitaran la comunicación en prensa de las diferentes entrevistas que hemos realizado tratando de elegirlas en base a los temas que nos han parecido más de fondo para ser trasladados a la opinión pública.



Los sin techo en Cataluña ha sido nuestro primer artículo visto desde la mirada del SINDIC de Cataluña. Ahora queremos viajar a Andalucía y saber cómo viven y cuál es la problemática de los jóvenes sin techo, hemos elegido ACCEM porque trabaja todo tipo de problemáticas con personas sin hogar y sobre todo porque ha puesto el foco en los asentamientos de inmigrantes en los invernaderos andaluces.

A mi llegada a la sede de ACCEM en el Barrio de la Macarena, en pleno casco antiguo de Sevilla comprobamos que es un barrio con alto índice de inmigración latina y marroquí mezclados entre sevillanos y turistas, gente con un nivel económico medio, o medio bajo, dependiendo de cómo le habrá impactado la crisis en su trabajo.

La mirada a esta problemática la conseguimos de la mano de Fernando, adjunto responsable de ACCEM Andalucía, Murcia, Ceuta, Melilla encargado de la gestión de personal y programas sabe perfectamente desde que óptica queremos reflejar la realidad que está ocurriendo en España para que fruto de este análisis fuéramos capaces de orientar las políticas públicas necesarias que hagan posible su solución.

Trata de reconducir nuestra entrevista para que detengamos nuestra mirada en la prostitución y trata masculina y femenina en algunas de las ciudades donde desarrollan estos programas es el caso de Málaga donde trabajan con jóvenes que han salido en su mayoría de centros de menores o han llegado a partir de los 18 a España. Son los mediadores quienes profesionalmente trabajan con estos jóvenes con el fin de que adquieran confianza y puedan, ir transmitiendo información básica, de salud, de medios de protección médica y luego, abrirles diferentes caminos, que puedan ver otras posibilidades otras formas de trabajo, encaminando su vida de otra manera.

Las dificultades de estos jóvenes tienen que ver con la situación legal, la situación económica y el día a día de como realmente sobreviven y de cómo son capaces de conseguir el dinero necesario para poder tener una forma de mantenerse. Además, esto va añadido, en muchos de los casos, a temas de adiciones, los mediadores intentan trabajar y dirigir a centros especializados para tratar esta problemática. Trabajan desde orientarlos a recursos de formación, inserción laboral, asesoramiento legal para adquirir su documentación que les facilite la inserción laboral, A partir de este trabajo, pueden acceder estos jóvenes a plazas de acogida para apoyar este trabajo durante 3 a 6 meses y valorable

Andalucía dicen que es la puesta de entrada de la inmigración hacia Europa, nos parecía
interesante hacer este recorrido con ACCEM porque disponen de programas para dar respuesta a cada una de las necesidades con las que se encuentran los niños o jóvenes inmigrantes que llegan a España desde Ceuta, Melilla, o por Algeciras.

Los menores que llegan a Andalucía, fundamentalmente son chavales de Marruecos y también de países subsaharianos: mauritanos, muchos senegaleses… 

Llegan chicos que han cruzado el estrecho solos. Estos chicos están desprotegidos, tienen claro en su cabeza su proceso migratorio no saben a partir de ahora cómo hacerlo; es muy difícil hasta que ellos lo interiorizan su proceso migratorio, por eso es importante conocer qué se hace desde las organizaciones privadas y administración autonómica cuando llegan a los centros de menores.

Para Fernando lo más importante de los técnicos de organizaciones que trabajan con estos jóvenes es el proceso de acompañamiento, desde el primer momento cuando ellos ponen los pies en la tierra y se dan cuenta de cuál es la realidad, las dificultades a nivel laboral, las dificultades a nivel de documentación, etc., etc., esa percepción la van captando según están aquí viéndolo y se les va transmitiendo. ”Pero hasta que ellos se recolocan aquí, pasa un tiempo"

Nos habla de cómo llegan al centro primera acogida y se deriva al joven una vez se abre expediente de protección por la Junta de Andalucía para que resida en un centro de menores. Probablemente hasta su mayoría de edad en estos centros comparten espacio subsaharianos, Marruecos, y españoles. 

 Con la Junta de Andalucía tienen una buena coordinación porque son los que tienen la tutela de los niños y la información de los chicos es constante codo con codo y cualquier problemática, tienen un acceso directo rápido a los responsables.

Trabajan en principio para que los jóvenes se queden en España o en la ciudad si el chico quiere; el problema le surge cuando a los 18 años con la mayoría legal la Junta de Andalucía deja de responsabilizarse de su tutela y el menor si no tiene trabajo, familia, amigos de referencia se encuentra en la calle. Quizás durante unos meses pueda pasar a una vivienda tutelada para tratar de arreglar su documentación y buscar trabajo pero con las circunstancias actuales de desempleo la situación es tan difícil que muchos de ellos se terminan en la calle porque en muchos casos no hay plazas para todos en estas viviendas o pisos tutelados.

En estos pisos de 5 o 6 plazas, algunos son mayores de 10 o 12 plazas es donde los inmigrantes no documentados residen junto con solicitantes de asilo o refugiados. Pero la forma de trabajar es parecida trabajan para introducirles en la sociedad.

Fernando es optimista cuando nos afirma que hay muchísima gente sale con su medio de vida hecha. Con todas las dificultades que tenemos a nivel legal, con todas la dificultades que tenemos a nivel trabajo (que ahora llevamos unos años que está siendo algo mas difícil, bastante más difícil, por la situación de crisis que vivimos) pero aun así, como que, el voto de confianza es la gente. Realmente vienen a trabajar, a vivir como cualquier otra persona de aquí, del país. Esa es la realidad

A esta altura de nuestra conversación sobre el recorrido que hacen muchos jóvenes por las instituciones de protección en Andalucía nos interesaba poner la mirada en una realidad a la que llegan, jóvenes que deciden escaparse de esos centros de menores, porque lo que realmente quieren es trabajar, para poder enviar dinero a su familia.

Muchos de estos jóvenes intentan trabajar en los invernaderos del Ejido o Huelva entre otros muchos, donde se ubican asentamientos de 80 a 150 personas subsaharianos que responden al efecto llamada, quieren trabajar pero no tienen ni permiso de trabajo, ni documentación etc., se juntan viviendo en los mismos pinares que hay alrededor de las tierras entre plásticos y cartones construyen sus alojamientos para dormir o protegerse del frio o la lluvia. Nos confirma “que hay en Andalucía diferentes asentamientos de personas viviendo en chabolas, en una realidad dura. En general serán más, no te lo puedo decir ahora mismo, pueden ser a lo mejor en algunos momentos 400 o 500 personas”

En estos asentamientos se organizan entre ellos, se apoyan, viven en economía sumergida, gente que pueda tener documentación pero que no tiene todavía trabajo, cuando le contratan van ahorrando para salir de ahí, pero esos son los menos.

Se trabaja con los inmigrantes que viven en los asentamientos con voluntarios y profesionales de la organización lo que son necesidades básicas. Nos describe Fernando las condiciones donde trabajan y nos llama la atención como nos confirma que no entran en los asentamientos sino que prestan el servicio desde los entornos en una gran nave con una oficina, están las duchas, ropa, café para desayuno, una merienda, un sitio donde estar y poder ver la tele, las noticias, un sitio donde dar clases de español, un sitio donde dar clases de informática. Necesidades muy básicas, pero fundamentalmente un sitio donde puedan pasar el día y llegar hablar, descansar, tomar unas galletas, ducharse.

La nave se abre por la mañana y tarde, salen y entran, pero les da la posibilidad de estar calientes en invierno un rato, después de desayunar, se hace el reparto de alimentos, de ropa. Cubren este servicio porque alguien lo debe hacer pero reconoce que “Son condiciones muy duras viven entre plásticos con el peligro que eso conlleva”.

A pesar de entender que estos asentamientos son de temporeros y de transito se nos reconoce que hay gente que pasa un tiempo a “lo mejor pasan años o un año o un año y pico, o dos años” la gente se suele mover, pero hay gente que esta mas anquilosada por circunstancias concretas.

Hay momentos en los que hay menos gente en los campamentos, porque son gente que ruedan. Pero esa situación existe y cuando es la campaña de la fresa, sube mucho.

Cuando le interrogamos por las condiciones infrahumanas de estos campamentos para saber si han intentado dar solución con un alojamiento más digno, con tono sereno nos advierte queriendo compartir la búsqueda de soluciones, que “el problema no es fácil. Si pudiera decir no, diría que estos asentamientos no son permisibles, pero por otro lado, ¿qué haces con estas personas, como no les atiendes. Es una dicotomía complicada. Teóricamente es fácil decir que no existan, pero qué haces con esas personas, es complicado”.

Además de estos servicios, dan orientación sobre su documentación, programas de ayuda económica, de retorno, programas que llevan a nivel nacional están ahí para ofrecer y poder canalizar a la gente que pueda utilizarlos.

Nos asegura que estos jóvenes tienen apoyo por unos días en una casa de acogida de 12 plazas para gente de estos campamentos, son tiempos que tienen las personas para recuperarse, mejorarse, durante tres a seis meses, pero se pueden llegar a quedar algo más si se valora. Cuando salen de esta casa no suelen quedarse en los campamentos en la mayoría de los casos; hay veces que si, otras veces, ya van con algún familiar, algún contacto que tienen. Porque también se facilita el contacto con gente de sus nacionalidades, que tienen la historia más fácil, comprobando que se les pueden ayudar, si hay algún sitio donde lo puedan alojarse.

La mayoría es gente que llega a un asentamiento sabe que es un itinerario de trabajo de temporero de camino hacia Europa, lo tienen muy claro desde que llegan, no se paran en estos campamentos; van subiendo para arriba realmente; por otro lado, hay gente que está aquí y conoce el circuito de temporeros ahora la naranja, la pera, la fresa, etc.

En otros casos están contratados en origen disponiendo de casas que ponen los mismos empresarios de Huelva, hay empresarios que solamente tienen sus trabajadores, tienen sus casas, tienen sus recursos, sus cocinas preparadas para gente que está trabajando para ellos.

Pero hay gente en el asentamiento que no está contratada en origen, en estos casos un convenio con los empresarios, hace posible que ellos, aunque no tienen ninguna obligación de contratar a la gente que les mandan desde ACCEM, como conocen el trabajo de la organización en 2013 se contrataran de 30 o 35 personas.

Desde una primera acogida, se da información para el retorno, ayudas económicas, alimentación, facilitar que localicen a algún familiar, trabajo a nivel de formación, de intermediación, sensibilización con los empresarios, con los ayuntamientos, con todos los agentes, tanto con policía (que se está trabajando mucho con policía y con la guardia civil que trabajan en estos ámbitos de los pueblos) “Estamos totalmente en conexión, son gente muy sensibilizada que trabaja muy codo con codo con nosotros cuando vemos una situación, comunicar y decir: “ oye nos ha llegado estas personas con esta problemática, qué podríamos hacer, cómo podemos mediar, cómo lo podemos solucionar. Eso es un trabajo de mucho tiempo y de mucho bagaje.”

Nos da un consejo al final si se quiere resolver el problema de los subsaharianos, que se solucione el problema de su documentación porque según él, la gente sale para adelante, “es verdad que ahora estamos en una situación complicada, tanto para los autóctonos como los inmigrantes, estos tienen diferentes costumbres culturales, lógicamente tienen de alguna manera que organizarse para poder vivir en la comunidad que les acoge, con unas costumbres diferentes. Pero lo consiguen, la gente aprende, como cuando nosotros aprendemos cuando vamos a otros países. Yo no creo que eso sea un muro para nada” en el fondo de sus reflexiones hay optimismo y confianza en las personas por las que trabaja.

          Ángeles Diaz Vieco
Presidenta Fundación Simetrías Internacional




Los niños, niñas, jovénes sin hogar en Cataluña





Después de un viaje rápido en AVE de Toledo a Barcelona, la noche de antes, llego al Paseo del Arco del Triunfo. Allí se encuentra el SINDIC (Sede del Defensor de los Ciudadanos de Cataluña). El SINDIC es una institución de defensa de derechos, como lo es la Defensora del Pueblo en España o Andalucía. Nos parecía importante tener al SINDIC en la investigación de los jóvenes sin hogar en España.

La responsable de infancia, María Jesús Larios, nos recibe en la Biblioteca, un espacio magnífico con vistas al casco antiguo de la ciudad. La Biblioteca es lo suficientemente amplia y espaciosa como para llevar a cabo reuniones de trabajo y donde recibir las denuncias o quejas de los ciudadanos, para así poder hacerlas llegar a los responsables de las administraciones encargados de poder darles respuestas.

Es por tanto, la Biblioteca del SINDIC, un espacio de escucha y respuesta a veces de intereses en conflicto, cuando esto ocurre se llevan a cabo informes o recomendaciones, como el de pobreza infantil o el de malnutrición infantil.

María Jesús Larios nos recibe con cariño y respeto por el trabajo que estamos realizando, en relación a los niños, niñas y jóvenes sin hogar; y trata, desde el principio, de estructurar su discurso que parte de una premisa general, para después ir desgranando los diferentes supuestos que se han ido encontrando a lo largo de los últimos años de crisis que ha afectado especialmente a las políticas sociales. Nos afirma que el Sistema de Protección de Menores, parte de la base de la obligación inmediata de la Administración Pública de satisfacer todas las necesidades de los niños y las niñas. 

De manera muy didáctica, nos informa sobre el funcionamiento del sistema de protección. “Si al menor la familia no lo puede atender, sus necesidades se deberán atender en otros recursos, ya sean familias acogedoras o centros de protección. Se trata de menores que están, según la terminología, sin hogar”. La cifra de menores tutelados en España son 38.000 y en Cataluña 7.000, de los cuales la mayoría están con su familia extensa, es decir, sus abuelos o tíos. Además, un tercio de ellos estarían en centros de acogida o centros residenciales o terapéuticos, que dependen de la Administración Pública.

Nos diferenció en esta problemática, de la que se encuentran los menores que han cometido alguna infracción, que viven en centros reeducativos (centros de justicia juvenil), y el juez de menores les ha impuesto alguna medida bien cautelar o impuesta una condena en estos centros. 

A esta altura de nuestra conversación, una de las preocupaciones de María Jesús se centra en los “menores-mayores”. Se trata de jóvenes sin hogar, porque hay dudas a veces de su condición, son los menores extranjeros no acompañados.

Estos menores extranjeros no acompañados, son procedentes de África subsahariana y otros países de esta parte de África. La Administración se escuda en una falta de fidelidad de sus documentos de identificación, para practicarles unas pruebas, que son de dudosa fiabilidad. En algunos casos, los menores que llegan aquí con la condición de menor, pasan unos días en un centro de acogida. Se les practica una prueba y si el resultado de la prueba es que son mayores de edad, son expulsados del sistema de protección, sin ninguna otra protección. Una vez son reconocidos como mayores, llegan con un pasaporte con minoría de edad a centros de adultos y no los admiten. La razón de no admitirlos es que son menores de edad legalmente y porque “nadie ha declarado su mayoría de edad”.

“Nadie ha declarado nulo ese pasaporte, con lo cual se encuentran en un limbo de mayores-menores”. Son jóvenes en situación de vulnerabilidad, pueden tener en general entre. 16, y 21 años, sin una atención específica. Con problemas evidentes, carencias de todo tipo, proyectos frustrados, sin la atención psicológica adecuada y viviendo en albergues para personas sin techo. Sin un seguimiento educativo, sin una atención específica para los mismos. 

La denuncia me pareció contada con la credibilidad y la autoridad de quien ha vivido la historia, a través de las historias de los propios inmigrantes y profesionales de organizaciones privadas que trabajan con ellos, sin encontrar un resquicio legal a las leyes que permitiera, en caso de duda, considerarlo menor e ingresar en un centro bajo la tutela de la administración. 

Avanzábamos en la entrevista, para hacer referencia a niños que viven en algunos centros de acogida para mujeres que han sido víctimas de maltrato. Estos centros acogen a las mujeres víctimas de maltrato, donde los niños viven con sus madres. 

Otros casos son los de madres que ha cometido algún delito y los niños viven en prisión con ellas, esto plantea a veces problemas sobre idoneidad o no del entorno.

Después, en esta visión global, pasamos a viviendas inseguras. Estas viviendas la Administración Pública debería tenerlas cuantificadas porque saben que hay un problema de viviendas inseguras. Se han realizado propuestas a las Administraciones Públicas, para que cedan viviendas de los bancos, alquileres sociales, para que si hay una familia desahuciada con niños; que los Servicios Sociales pongan alguna vivienda, alguna residencia, para dar cobertura a esta situación.

En este sentido, reconoce la existencia de niños que viven en viviendas con otros familiares, compartiendo varias familias la misma vivienda en una situación masificada; o en viviendas ocupadas, o algunos asentamientos de Gitanos Roma. 

Nos cuenta lo que ha ocurrido en un asentamiento en Lérida, donde habría unos 25 menores de edad viviendo en condiciones bastante deplorables. No se puede decir que la Administración Pública no está haciendo nada en estos asentamientos, ya que van a recoger a los niños, los llevan al colegio. No hay tanto problema en absentismo, pero están en condiciones de vida muy malas. Por ello, debería empezarse por mejorar las condiciones materiales y de salubridad. Después, ya veríamos, cómo son los planes de intervención de reubicación de los asentamientos.

Las familias que no tienen renta mínima de inserción, a las cuales se les ha intentado desahuciar, se han quedado sin vivienda. En algún caso, puede acabar con una tutela por parte de la Administración. Esta situación no debería pasar, que una situación de pobreza conlleve una tutela por parte de la Administración. Lo que se debería es garantizar medidas para que la familia pueda vivir y tener los medios adecuados para cuidar de sus hijos.

Se está estudiando si las tutelas han aumentado con la crisis, pero lo que han aumentado
son las tutelas con las medidas de protección con la familia extensa. Esto nos lleva a pensar que hay que estar muy atento para evitar que en determinadas medidas prime el ahorro presupuestario. No siempre es bueno que la medida, por ejemplo, sea que vaya con el abuelo, cuando el núcleo maltratador es el hijo, es decir, si hay que separar al niño del núcleo familiar, a veces lo mejor puede ser una familia acogedora ajena o un centro y no una familia extensa.

Compartimos la reflexión sobre la reducción de plantillas de los Servicios Sociales, a nivel local, que puede estar llevando a no poder prevenir situaciones de familia, que pueden encontrarse en situación complicada en cuanto a la protección de los chavales.

Nos informa que se han hecho informes al Parlamento sobre reducción de los presupuestos en Servicios Sociales, no sólo de atención directa, sino servicios a la comunidad; tipo ludotecas, centros abiertos, incluso las escuelas, los jardines de infancia, guarderías, escuelas de padres, es decir, todo tipo de centros que se han visto reducidos de una manera clara por la crisis.

A esta denuncia, formula diferentes propuestas o recomendaciones, que comparto con ella. La contención de presupuesto de las Administraciones Públicas en Servicios Sociales que ya estaban infradotados, requieren un incremento de presupuesto ante la adversidad para poder trabajar la detección. 

No estamos previniendo suficientemente el maltrato, si no se trabaja adecuadamente la prevención y la detección estamos yendo solo a los casos graves; es decir, aquellos en los que pueda haber maltrato físico o maltrato grave. Pero qué pasa con la negligencia, que también es un caso de maltrato. En la negligencia debe haber una intervención protectora. Estos casos no los estamos detectando. Por poner un ejemplo: este fin de semana, en el barrio de San Martín, se ha descubierto un bebé que estaba en su domicilio, sus padres detenidos y parece que el niño ha muerto por deshidratación. En el domicilio se encontraron drogas, se encontraron signos de un tipo de familia desestructurada por problemas. Este es un ejemplo muy extremo, pero debemos detectar muchas actuaciones y es imprescindible mejorar la detección y la base son los Servicios Sociales, que no se han dotado de los recursos necesarios para cumplir esa función.

Hasta que no hay una situación de riesgo grave, no lo transfieren a los servicios especializados que son los servicios de atención a la infancia y a la adolescencia. Por eso los Servicios Sociales de base deben estar formados, deben tener recursos, para poder hacer esta función. Pero no se ha hecho esa mayor transferencia de recursos, de formación especializada para detectar situaciones y para poder actuar. Y sobre todo, dotaciónEs decir la reducción de recursos en los Servicios Sociales de atención a la infancia, hace que no se detecten situaciones de maltrato, de negligencia porque la mayoría de maltratos son negligencias.

Algunos casos graves no se detectan, pero el servicio de atención a la infancia, no está solo para los casos graves, está para detección a tiempo de estas acciones de precariedad y estas situaciones no se están detectando. 

Me preguntaban el otro día, ¿si se está tutelando más por razón de pobreza? Yo no considero que por razones de pobreza deba tutelarse. Yo creo que se deberían cubrir las necesidades, a parte del elemento principal, el derecho del niño a su mayor interés, incluso es más eficiente para la Administración Pública, porque al final resulta más caro tutelar a un niño, que no darle a su familia medios para que pueda vivir con todas la condiciones. 

Por el contrario, dada la crisis económica tan brutal que vivimos, a veces puede parecer extraño que no haya más tutelas, que habiendo esas condiciones de infravivienda o pobreza, y dado que a las familias no se les proporcionan medios para vivir en mejores condiciones, las tasas de pobreza, la malnutrición, etc, casi uno esperaría mayor número de intervenciones. ¿Pero cómo puedes intervenir ante lo no detectado?. 

Con esta última reflexión cerramos la grabadora a sabiendas que muchos temas se han quedado en su cabeza para otro momento, como puede ser la conferencia internacional en septiembre. La invito a participar como ponente, en la confianza de mientras tanto que vaya consiguiendo más datos de las administraciones y un mayor interés de los responsables políticos para que den respuesta a los problemas planteados en nuestra entrevista.

     Ángeles Diaz Vieco
Presidenta Fundación Simetrías Internacional


Día Internacional para los Niños de la Calle



 Sensibilización sobre los niños sin techo, que sufren malos tratos o abandono familiar y están acogidos en instituciones de protección, que viven  en asentamientos, en viviendas infrahumanas o inseguras en toda  Europa.



De nuevo en 2014, este año el 12 de abril, conmemoramos el día internacional de los Niños de la Calle (CRS) por las ONG, los políticos, las empresas y las personas interesadas de todo el mundo. 


Esta dedicación anual a un grupo particularmente vulnerable en nuestra sociedad se puso en marcha en 2011 por el Consorcio para Niños de la Calle (CSC ), la red líder dedicada a garantizar los derechos de los niños de la calle en todo el mundo.


El Proyecto europeo de los Niños que Duermen en la Calle (CRS) , financiado a través del Programa Daphne de la Comisión Europea, ha aprovechado la ocasión del 12 de abril de 2014 para crear conciencia sobre su importancia, cada año mayor número de menores duermen en la calle en toda Europa.


Estos niños viven  en nuestros centros urbanos de toda Europa rara vez se les reconoce, son invisibles, ni siquiera se dan cuenta de ellos los vecinos, los residentes en un barrio, las autoridades locales, aunque su número sigue en aumento. 


Sin embargo, más allá de estas cifras de crecimiento, existe relativamente poca información sobre los niños que duermen en la calle. Las cifras indican que más de 140.000 niños desaparecen cada año en el Reino Unido solamente.


En Europa, los niños, niñas y jóvenes que duermen en la calle son representados por los fugitivos que huyen de sus hogares por conflictos familiares o como resultado de ser expulsados por su familia, o  están tutelados y optan por abandonar el centro de protección o reforma escapando de estos centros, por último los menores extranjeros no acompañados que entran en Europa.

El problema planteado por cuestiones relacionadas con los niños, niñas y jóvenes que duermen en la calle es importante a escala europea, especialmente en el clima económico actual en el que nuestros gobiernos están aplicando medidas de austeridad para reducir el déficit presupuestario. 



Por otra parte, entre las autoridades locales el apoyo prestado a este grupo  varía de región a región.


Rara vez se reconoce que estos niños, niñas y jóvenes son especialmente vulnerables a las amenazas que plantea el abuso de drogas, la explotación sexual y la violación de niños.

Además, con el fin de sobrevivir en la calle que se encuentran en alto riesgo de convertirse en autores de la violencia y el crimen contra las personas más débiles o de otros menores.

Se puede hacer mucho para reducir el número de niños, niñas y jóvenes que duermen en la calle, sobre todo en términos de estrategias de prevención y mediante el aumento de la visibilidad de estos niños con el fin de asistirlos de manera concreta a superar  sus circunstancias.


En este sentido, los resultados de investigaciones actuales de nuestros profesionales del proyecto Niños que Duermen en la Calle (CRS) ya dan indicaciones claras, que muestran un camino viable a los gobiernos nacional, regional y local para que contemplen un mayor apoyo a los niños que viven en hogares y / o en familias extensas por sufrir su familia situaciones de extrema vulnerabilidad. 


De hecho, como estos estudios muestran, casi todos los niños que viven en nuestras calles han tenido previamente algún tipo de contacto con los servicios sociales. 


En consecuencia, sigue existiendo la urgente necesidad de apoyar a los niños ya acogidos en centros de protección social. Aún así, representan un segmento particularmente frágil de los menores que a menudo terminan en las calles. Las soluciones incluyen la estructuración de las opciones de vivienda adecuada para los niños que viven en la calle con el fin de acompañar y apoyar con la ayuda de equipos profesionales de confianza. Esto ha demostrado ser una opción  para abordar responsablemente.


También tenemos que dar voz a los agentes sociales, las ONG, los trabajadores sociales y las organizaciones de voluntarios que trabajan en las calles de Europa, por lo que podemos llegar a estar más atentos a sus ideas, opciones y mejores prácticas en esta materia.


Los niños que duermen en la calle es un proyecto financiado por la Comisión Europea bajo el Programa Daphne. 


Se identifica por la JUST/2011/DAP/AG/3022 


Más información sobre el proyecto se puede encontrar en la web


Sitio web: www.childrenroughsleepers.tk  

Twitter:  @ CRS_Project

Linkedin : http://www.linkedin.com/in/childrenroughsleepers


Socio local del proyecto europeo CRS: Simetrías Fundación Internacional

Web: www.simetrias.es  mail: simetrias@simetrias.es









Coger la puerta... y volver otra vez






La mayoría de los 12.000 menores desaparecidos al año se fugaron o los echaron sus padres

 El 70% regresa antes de los tres días

 El principal origen de las huidas es la violencia familiar

 “Mi padre no me trataba mal, pero intenté tomar decisiones por mí misma”

Raquel Vidales 18 MAR 2014 - 00:01 CET13
 


                         Los menores que se fugan pueden acabar en la calle. / Andrea Zanchi (Getty)
A veces se escapan después de una gran discusión con sus padres. O porque sus padres discuten entre sí. Otras veces tienen miedo de contarles que han suspendido o que tienen problemas en el colegio. O en el caso de las chicas, porque se han quedado embarazadas. Hay también motivos más graves, como maltrato, violencia familiar o acoso escolar, aunque el problema no debe circunscribirse a entornos altamente conflicitivos: las fugas de adolescentes se producen en todas las capas sociales y son la principal causa de “desaparición de menores”. De hecho, según informó ayer el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, la mayoría de las 12.246 denuncias de menores desaparecidos registradas en 2013 fueron huidas resueltas en poco tiempo, bien porque el propio fugado decide volver o porque ha sido localizado por las autoridades.

La Fundación ANAR, que gestiona en España el teléfono europeo para casos de menores desaparecidos (116000, armonizado con toda la UE), ofreció ayer en la presentación de su memoria anual una radiografía bastante exacta del problema. De los 229 casos de menores desaparecidos que registró durante 2013 —filtrados entre las 1.871 llamadas que atendieron a lo largo del año—, el 50,2% fueron fugas de adolescentes, un porcentaje al que debe sumarse otro 18,8% que correspondió a situaciones en las que los echaron de casa. “La barrera entre los que deciden huir y los que se van porque les han echado es muy difusa, porque en general un padre que echa a su hijo lo hace en una situación de desesperación, durante una discusión y sin esperar que se cumpla esa orden. Solo en un caso nos encontramos el año pasado con que el menor, cuando quiso volver a casa, se encontró con la puerta cerrada”, explica Leticia Mata, directora del Teléfono ANAR. “Hemos querido diferenciarlo en las estadísticas por primera vez este año porque estamos detectando cada vez más casos de adolescentes expulsados de casa. Es un problema parecido a las fugas, pero a veces más complicado de resolver porque los que huyen de manera premeditada a veces tienen algún plan —irse a casa de un amigo, por ejemplo—, mientras que los que se van porque sienten que han sido expulsados pueden acabar en la calle sin más”, advierte Mata.

En total, entre los que se van y los que fueron echados, el 69% de los casos de desaparecidos atendidos por ANAR fueron en realidad fugas o resultado de conflictos familiares. El resto correspondieron a secuestros parentales (19,6%), secuestros por terceros o pérdidas accidentales. “La fuga es un problema que generalmente queda silenciado y no se trata de manera adecuada. Por ejemplo, muchas veces los padres ni siquiera se ocupan de retirar la denuncia cuando el hijo reaparece, intentan olvidar el suceso. Pero es importante no olvidarlo, hay que hacer un seguimiento y buscar la causa última de ese comportamiento, porque los que se fugan una vez tienen muchas posibilidades de hacerlo de nuevo”, afirma Diana Díaz, psicóloga y subdirectora del Teléfono ANAR. “Y no hay que esperar 24 horas para hacer la denuncia, en contra de la creencia general. Es mejor llamar cuanto antes, las primeras horas son vitales para localizar pronto a los fugados”, subraya.
¿Y cuál es el la causa última de una fuga? “Normalmente se dispara por un conflicto familiar grave. La mayoría de las huidas son provocadas por situaciones de violencia o castigos, maltrato físico o emocional y abusos sexuales. Aunque también pueden producirse simplemente por una disputa muy fuerte o por situaciones deseperadas en las que los chicos no consiguen visualizar un proyecto de vida propio para el futuro. También hay huidas que llamamos aventureras, por un deseo de conocer qué hay más allá del hogar, o pasionales, para estar con un novio o novia que no aceptan los padres, aunque estas situaciones son mucho menos frecuentes”, explica Germán Castellano, pediatra acreditado en medicina de la adolescencia de la Asociación Española de Pediatría y expresidente de la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia. La franja de edad más problemática se sitúa entre los 14 y los 18 años, afirma este experto.


Según Castellano, alrededor del 70% de los que se escapan vuelven a casa antes de tres días, mientras que el 15% regresa entre tres y 14 días después de la fuga y el 12% después de más dos semanas. Solo un pequeño porcentaje, en torno al 3%, no vuelven porque no se les localiza o alcanzan la mayoría de edad. “Esto significa que, por mucha violencia y dolor que sufra un menor en su casa, siempre querrá volver con su familia porque ahí es donde, en el fondo, siente que pertenece. La familia lo es todo para un menor”, sostiene.

Las cifras de fugas de menores que maneja la Fundación ANAR no han experimentado grandes cambios en los últimos años y los porcentajes suelen ser similares todos los años, aunque sí varían las causas a medida que los modelos de familia van cambiando. Por ejemplo, influye mucho con quién vive el menor. También advierte de la circunstancia de que solo en el 31,4% de los casos el menor desaparecido vive con sus dos padres y el 13,9% con ninguno de ellos, sino con otros familiares, en centros acogida, con amigos o con su pareja. “Cuando los padres viven separados, es muy común que los hijos se vayan sin avisar de la casa del progenitor con quien viven normalmente (en su mayoría la madre) y aparezcan en casa del otro como castigo”, dice Mata.

María Antonieta Delpino, socióloga e investigadora de la Liga Española de la Educación (LEE), apunta otro motivo que ha surgido en las últimas décadas. “El conflicto con los padres es común en el adolescente, necesita distanciarse de ellos para construir su identidad y por eso se rebela contra las normas familiares. Pero de una pelea a una fuga hay un gran paso y el motivo tiene que ver, siempre que no estemos hablando de entornos de violencia o malos tratos, con un problema de ejercicio de autoridad. Muchos padres de hoy viven desconcertados porque no saben cuál es su papel, no quieren ser autoritarios como sus padres pero no saben como imponer límites a sus hijos”, opina Delpino, que ha realizado varios informes sobre los adolescentes para la LEE, sostiene que esta tendencia de los padres de hoy a ser más dialogantes y cercanos con sus hijos les ha hecho olvidar que deben marcarles límites, por lo que cuando llegan a la adolescencia y empiezan a rebelarse no pueden controlarlos y tratan de imponerse por la fuerza; en consecuencia, como el niño no está acostumbrado a que le fijen normas, se rebela y tiene más riesgo de querer fugarse. La investigadora destaca un dato extraído de su estudio Conflictos en la adolescencia: el 6% de los más de 3.000 estudiantes de entre 15 y 18 años encuestados para este trabajo respondió que creía que sus padres no tenían autoridad. “Y si el 6% se atreve a decir que sus padres no tienen autoridad, hay que pensar que el porcentaje es mucho más elevado”, apunta la socióloga.

No obstante, Delpino subraya que no todo son consecuencias negativas. “Esta buena disposición al conversar con los hijos tiene grandes ventajas. Una que detectamos en nuestro estudio es que al 75% de los adolescentes les gusta estar con sus padres. Esto quiere decir que la mayoría de las familias consiguen buenos resultados con el diálogo. Y contradice esa idea estereotipada de que el adolescente quiere vivir sin restricciones ni control parental. Es falso: ellos esperan de sus padres criterios y normas para enfrentarse a la vida”, razona.

Hay que desdramatizar la adolescencia, dice Delpino, y encararla sin temor. “Muchos padres llegan con pánico a esta etapa y no se ven capaces de afrontarla, con lo que acaban abdicando de sus responsabilidades por puro temor. De hecho, muchos de esos padres que se muestran tan preocupados por sus hijos adolescentes son los que luego no acuden a las reuniones a las que se les convocan en los centros educativos para abordar el problema”, comenta.

La situación en Europa es similar a la española. El teléfono 116000 —gratuito y con servicio 24 horas— también está disponible en otros 12 países de la UE. En 2011, según los últimos datos globales de la red Missing Children Europe, se atendieron 89.886 llamadas que derivaron en 4.400 casos de desaparecidos. De ellos, el 67% correspondieron a fugas del domicilio familiar (incluidas las expulsiones), un porcentaje muy similar al 69% registrado en España en 2013.

Aunque las cifras también se mantienen sostenidas en Europa, tres eurodiputados italianos presentaron el año pasado una propuesta de resolución que pide al Consejo Europeo y a la Comisión que promueva proyectos de apoyo a las familias, para ayudar los padres a comprender y prevenir las razones de una fuga, y que involucren también a los propios adolescentes dándoles información suficiente y amplia sobre los riesgos que implica la vida en la calle.

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, anunció ayer que el Ministerio del Interior aprobará en breve la Alerta Menor Desaparecido, un nuevo sistema para localizar a niños y adolescentes a través de mensajes a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado mediante redes sociales y medios de comunicación social. “Se ha contratado un número para la colaboración ciudadana, se ha diseñado ya el mensaje de alerta y la web del Ministerio del Interior está ya preparada para alojar este nuevo sistema. Todo Está listo y es una magnífica noticia”, dijo durante la presentación del informe de ANAR.

El secretario de Estado hizo hincapié, además del problema de las fugas, en el alarmante aumento de secuestros de niños o adolescentes por uno de sus progenitores. En 2013 se registraron 236 casos de secuestro parental (un 12,9% más que el año anterior), de los que fueron víctimas 313 menores. "Estamos lamentablemente ante un fenómeno con un gran crecimiento", advirtió, aunque añadió que la mayoría de los casos (197) fueron esclarecidos.


“ Mi padre no me trataba mal, pero intenté tomar decisiones por mí misma”

LAURA RIVAS MARTÍNEZ

“Yo era muy pequeñita, lo recuerdo como un viaje. Me molestaba la arena en Brasil, tenía un columpio... Mi padre no me trató mal, yo era su niña, y ya está”. Tanit Sandoval Rodríguez tiene 21 años. En 1996, cuando vivía en Ibiza con su madre, su progenitor (de nacionalidad argentina) la secuestró, llevándosela a Brasil y luego a Uruguay. Aunque la niña no era consciente, el suplicio de Francisca Rodríguez Moreno, su madre, duró ocho meses: “Estaba perdida, no sabía qué hacer”.

Hasta 2002, el secuestro parental no constaba como delito en el Código Penal, lo que dificultaba el acceso a la justicia de los padres, explicó ayer una portavoz de ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo). Rodríguez terminó acudiendo al programa Quién sabe dónde. El equipo de investigación televisivo recibió un chivatazo sobre el posible paradero de la niña, que entonces ya estaba en Uruguay, a través de cuya justicia la recuperó.

El Ministerio del Interior publica que este fenómeno está en auge: en 2013 se registraron 236 casos de secuestro parental (un 12,9% más que el año anterior) de los que fueron víctimas 313 menores (un aumento del 22%).

Durante la ponencia de este lunes, organizada por ANAR, ofrecieron testimonio cuatro víctimas. Fue proyectado un vídeo del programa de televisión de 1997 en el que Rodríguez trata de enviar un beso a su hija y no puede a causa del llanto. Al presenciar las imágenes, ni la madre ni la hija pudieron contener las lágrimas. Sandoval de pequeña nunca vio esos vídeos: su madre prefirió esperar a que fuera mayor de edad. La hija, vestida con una elegante blusa blanca y perlas en las orejas, recordaba el reencuentro con una sonrisa: “Me trajo una muñeca de Pocahontas”. Y aseguró que está bien, que no tiene secuelas. Solo insistía en que lo más importante es la atención al niño. “Los psicólogos tienen que explicarle la situación, para que comprenda”. Después del secuestro, hasta los 12 años, siguió viviendo con su padre cada dos semanas. “No podía ir al McDonald’s con mis amigas después de un campeonato [de gimnasia rítmica] porque me obligaba a irme con él”. Y ella no quería, aunque él no la tratara mal. Cuando llegó a la adolescencia, rompió el contacto. “Intenté decidir por mí misma”. No lo retomó hasta los 18 años, cuando dio el paso para conocer a sus hermanas.

Un punto en común que reiteraron todos los afectados es la “sangría” de dinero que supone enfrentarse a un caso de secuestro parental. “No se puede permitir que la gente sin dinero no pueda recuperar a su hijo”, exclamó vehemente Amparo García, madre afectada y miembro del patronato de la Fundación Child Care. Yuri Sasson Moscona, de nacionalidad mexicana, explicó que en el proceso judicial de recuperar a su hijo —que hoy tiene 12 años— contrajo una deuda 250.000 euros —“que no eran míos y que yo no tenía”—.




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